Restauración del derecho al voto a ex convictos

Enmienda 4: Restauración del derecho al voto a ex convictos
Esta propuesta busca reestablecer los derechos de voto de los ex delincuentes si han cumplido su sentencia, con la excepción de aquellos que han cometido delitos como asesinatos o delitos sexuales.
Durante casi una década, el Estado ha requerido que los delincuentes esperen al menos cinco años después de que se completen sus sentencias para solicitar la recuperación del derecho al voto.
Enmienda 5: Se requiere un voto de dos tercios para imponer, autorizar o aumentar los impuestos o tarifas estatales
Esta propuesta de umbral más alto significa que solo se necesitaría un tercio de los miembros, ya sea en la Cámara de Representantes o en el Senado, para bloquear futuros aumentos de impuestos o derogar las exenciones existentes.
La idea, lanzada por el gobernador Rick Scott el año pasado, evitaría que las disposiciones para aumentar los impuestos o tarifas se incluyan en otras facturas estatales, y no se aplica a ninguna tarifa o impuesto que impongan los gobiernos o agencias locales, tales como los distritos escolares.
Las últimas siete enmiendas son las llamadas agrupadas, provienen de la Comisión de Revisión de la Constitución que eligió 20 propuestas para llevarlas a votación este año agrupadas en ocho enmiendas. Una de ellas fue retirada de la boleta por la decisión de la Corte Suprema del Estado el 7 de septiembre.
Esta técnica de agrupamiento ya usada antes, genera mucha controversia y confusión porque se mezclan propuestas menos populares con las más favorables. Pero el Gobernador del Estado ha
dicho que al agruparlas se facilita que los votantes lean más rápido y ahorren tiempo.
Enmienda 6: Derechos de las víctimas de delitos; Jueces.
El primero de los artículos de la Comisión vincula tres propuestas que crearían una declaración de derechos para las víctimas de delitos y establecerían nuevos requisitos para los jueces.
Las últimas dos propuestas aumentan de 70 a 75 años la edad de jubilación obligatoria para los jueces, a partir del 1 de julio del 2019, e impediría que los jueces deleguen las interpretaciones de una regla o estatuto a las agencias administrativas cuando dictaminen en casos relacionados con esas leyes.

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